El abogado Luis Alberto Rodríguez Villamizar solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia abrir un juicio contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, porque presuntamente estaría incurso en el delito de conspiración.

Argumentó que Ramos Allup solicitó la intervención extranjera en Venezuela  “sin cumplirse el supuesto de hecho establecido en el instrumento jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no es otro que la ruptura del orden democrático de algún país miembro de dicha organización”. En ese sentido, Rodríguez Villamizar puntualizó que “el solo hecho de solicitar injustificadamente la intervención de países en asuntos internos de Venezuela, sin que existiese en el país la ruptura del orden democrático, pone de manifiesto la actividad delictiva del sujeto”.

Rodriguez Villamizar solicitó a los 32 magistrados del máximo tribunal del país que admitan y declaren con lugar la acción presentada conforme a lo establecido en el segundo aparte del artículo 112 de la Ley del TSJ. Esa norma establece que “si el delito es de naturaleza política, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva”.

Explicó que acudió al TSJ directamente porque en junio de 2003 la Sala Constitucional estableció en la sentencia N° 1331, que la solicitud  del antejuicio de mérito contra altos funcionarios públicos, no corresponde exclusivamente al Ministerio Público. “Tal petición debe corresponder a quien, según el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, sea víctima”, señalaron los magistrados en esa ocasión. “Me considero víctima de las acciones desplegadas por el ciudadano Henry Ramos Allup, presidente de la AN, en contra de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó Rodríguez Villamizar en el escrito consignado ante la Sala Plena.

De igual manera, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro anunció que haría un decreto y pediría al Tribunal Supremo de Justicia una interpretación sobre la inmunidad parlamentaria, el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, se le adelantó e introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ para que delimite las prerrogativas de los miembros de la Asamblea Nacional, consagradas en el artículo 200 de la Constitución.

“Se cumplió el pronóstico de Hugo Chávez cuando afirmó que si la derecha obtenía la mayoría en el Legislativo tratarían de desestabilizar. La derecha usa el Parlamento para dar un golpe y no solo eso: usa la inmunidad para cometer delitos. Esa protección no ampara delincuentes”, señaló Ameliach, quien acudió al TSJ a principio de semana, asistido por el abogado Gustavo Valero.

En el escrito, los demandantes sostienen que las constituciones de Venezuela de 1811, 1821 y 1830 daban fuero cuando el parlamentario se trasladaba a la cámara, mientras que estaba en el recinto y cuando iba a su vivienda.

“Este mecanismo se utilizaba para proteger el voto del legislador durante la sesión, sin embargo, en esas constituciones estaban excluidos de inmunidad los delitos como traición a la Patria o que perturbaran la paz y el orden interno de la república”, explicó Ameliach para quien sí existen antecedentes históricos y jurídicos sobre las funciones de los parlamentarios e incluso en el derecho comparado que avalarían su tesis de limitar el fuero legislativo. “La Constitución de Francia y de los Estados Unidos -agregó el coordinador electoral del PSUV– establecen que la inmunidad no ampara ningún tipo de delito”.

Valero expuso que el artículo 200 de la Constitución otorga la inmunidad a quienes sean electos diputados, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia. No obstante, alertó: “Si bien es un privilegio parlamentario nunca puede estar por encima de un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida”.

En el recurso, Ameliach y Valero Rodríguez indican que le corresponde al TSJ aclarar los alcances y limitaciones del artículo 200. Entienden que la inmunidad sirve durante el ejercicio de sus funciones como parlamentarios en el Palacio Federal Legislativo, y se pierde al salir de él. “Ese derecho irrumpe con el principio de igualdad de justicia, al dejar sin tutela jurídica a cualquiera que pueda ser víctima de un delito cometido por algún parlamentario”, alegan.

El constitucionalista Hermann Escarrá, si bien admite que solo el Parlamento puede allanarle el fuero a sus miembros, alertó que el desacato del Legislativo al TSJ en más de 20 actos tendría consecuencias. “La directiva y los diputados pueden ser acusados de manera penal y deben ser sancionados. Los actos de la Asamblea son nulos”, dijo.

Muros de contención. En 9 puntos se distribuyó ayer el oficialismo en Caracas, en una especie de muro de contención de cualquier movilización que podría hacer la MUD hasta el CNE, en el centro de la capital o en la sede en plaza Venezuela. En el resto del país, instalaron “Tribunas antiimperialistas” y efectuaron concentraciones. En Anzoátegui, el diputado del PSUV, Elías Jaua, instó a destruir a Voluntad Popular porque su dirigencia estaría detrás de un supuesto golpe de Estado.

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