Las acciones autoritarias de un gobierno ya tildado de dictatorial en Nicaragua no solo afectan a los ciudadanos del país centroamericano. Extranjeros con distintas profesiones han tenido que sufrir en tiempos recientes los caprichos, la persecución y la paranoia que demuestra cotidianamente el régimen de Daniel Ortega.

Hasta funcionarios y personas blindadas por el respeto diplomático que se supone debe imperar entre las naciones, son tratados como delincuentes de alto riesgo si en algún modo el Estado anfitrión cree que amenazan los intereses del mandatario.

Ese fue el caso del académico estadounidense Robert Evan Ellis, doctor en Ciencia Política y experto en asuntos latinoamericanos. El pasado 13 de junio fue abordado como una amenaza para Nicaragua y fue expulsado sin mayores explicaciones al día siguiente.

Ellis tiene, no obstante, claro el por qué de los hechos. Sus estudios críticos sobre el canal que prevé construir el régimen de Ortega en colaboración con la firma china Hknd —del empresario Wang Jing— fueron el detonante. EL COLOMBIANO pudo dialogar con él sobre esta coyuntura.

¿Por qué viajó a Nicaragua?

“En mi trabajo como investigador del War College del Ejército de EE. UU., una de mis funciones es estudiar en terreno asuntos de importancia geopolítica en América Latina. Uno de ellos es el canal de Nicaragua como proyecto de relevancia estratégica. Propuse ese tema entre mis investigaciones y fue aprobado tanto por el gobierno como por la Embajada de EE. UU. en Managua, lo que implicó que yo estuve viajando a dicho país con pasaporte especial.

Meses antes de iniciar esa visita a Nicaragua, estuve contactando a colegas académicos, funcionarios y activistas nicaragüenses para avisarles que estaría haciendo esta investigación sobre el canal. Hasta ahí no hubo problema”.

¿Lo dejaron entrar al país?

“Cuando yo llegué el 13 de junio a Managua me preguntaron en inmigración, de forma muy rutinaria, qué iba a hacer allá. Yo respondí que iba a realizar una investigación sobre el proyecto del canal interoceánico. Me preguntaron después para quién trabajo. Yo dije que para el Ejército de Estados Unidos. El oficial abrió los ojos un poco, pero al final me dejó pasar.

Yo digo esto porque es muy claro que tal como estipula la ley, fui admitido a entrar en un país por un oficial de inmigración, y esto tiene sus implicaciones legales.

El hecho es que pude ingresar a Nicaragua, fui a mi hotel, hice check-in, me bañé, hice algunas entrevistas por la tarde, y a las 10 de la noche regresé al hotel para dormir, ya que mi día había iniciado en EE. UU. a las 3 a.m. Estaba extenuado.

A las 11 p.m. aproximadamente, recibí en mi habitación una llamada desde el lobby. Contesté entredormido, y luego una voz me decía: ‘unas personas de inmigración quieren hablar con usted acá. ¿Puede bajar por favor?’.

Yo bajé y me encontré con tres oficiales. No reconocí sus uniformes, y no tenían placas para identificar sus nombres. Se negaron a darme sus identidades, pero sí fueron enfáticos en decirme que el gobierno de Nicaragua no me había autorizado a estar en el país para realizar entrevistas sobre el canal interoceánico.

Hasta donde yo sé, bajo las leyes nicaragüenses, no hay ningún requisito, restricción o visa especial para el tipo de trabajo que yo adelantaba.

El hecho es que me dijeron que yo tenía hasta las 5 a.m. para recoger mis pertenencias y que me devolvieran al aeropuerto. Había en ese momento varias cosas que me causaron preocupación: una era la manera en que ellos estaban ubicados en el lobby. Con dos de los oficiales intentando cubrir las salidas, como esperando que yo fuera a escapar. Obviamente que yo no hice eso.

Regresé a mi dormitorio para hablar por teléfono con mis contactos en la embajada, cambiar mi itinerario de vuelos y cancelar numerosas reuniones que tenía con diplomáticos, funcionarios del gobierno, empresarios, periodistas, etc.

Básicamente, cuando ya eran las 4:30 p.m., iba a bajar al lobby y vi en el corredor a dos personas vigilando que yo saliera. No me impedían el paso, de ninguna forma, pero al verme, llamaron al parecer a su superior para informar que había salido.

Antes de que me pudieran sacar a la fuerza del hotel, por suerte, llegaron mis colegas de la Embajada, y se aseguraron de que yo llegara bien al aeropuerto, y no a otro lugar. Gracias a ellos pude salir del país sin ninguna disputa más.

Al llegar a Miami, tenía un montón de correos electrónicos y llamadas de toda la gente que se iba a reunir conmigo, desconcertada porque me expulsaron y preguntando qué había pasado. Yo contesté lo que pude, pero soy consistente con los deseos de la Embajada estadounidense, y la responsabilidad que tengo de no causarle problemas a sus funcionarios mientras permanecen en Nicaragua”.

Por tanto fue expulsado a pesar de que intercedieron funcionarios de la embajada estadounidense y usted entró de forma legal…

“Un principio muy importante de la diplomacia es que la embajada es responsable de las acciones de los connacionales que están allá oficialmente, pero no puede tomar decisiones sobre estas personas sin la autorización del país anfitrión. En cualquier caso, se supone que hay un respeto diplomático y si hay alguien realizando en otra nación una labor oficial, no deberían expulsarlo de esta forma. Es una muy mala manera de actuar para las autoridades de Nicaragua. Repito, estas me permitieron la entrada dentro de su propia normativa, y luego faltó al respeto a todo esto”.

En el poco tiempo que tuvo en Nicaragua para realizar su pesquisa, y en los meses en los que ha investigado sobre este asunto desde su despacho en Washington D.C, ¿qué ha encontrado?

“Yo he publicado la mayor parte de la información y puntos claves en esta coyuntura. Pero lo más importante es que yo verifiqué que había muy poco progreso real en torno a la construcción del canal. No vi evidencia de construcción portuaria en zonas como Brito, para preparar el terreno a la llegada de maquinaria pesada, necesaria para empezar a hacer el canal. No había evidencia de contratos públicos para las excavaciones.

En suma, ante las reiteradas declaraciones del gobierno que apuntan a que el proyecto del canal está avanzando, no hay pruebas en el terreno de ese progreso. Por el contrario, parece que la obra está estancada.

Dialogando con algunos críticos del proyecto, e incluso con fuentes cercanas al empresario Wang Jing, lo describen como ‘un misterioso manipulador que está acostumbrado a la estafa’ y quien tiene la culpa de todo. Pero en realidad, durante la investigación encontré que hay dos caras de la moneda. Quizás Jing logró un contrato que lo deja en una posición ventajosa, tal como a sus intereses de negocio. Pero a la vez hallé que ha sido el gobierno de Nicaragua el que desde el principio ha manejado este asunto con mucho secretismo, censura y falsedad.

Los periodistas objetivos no tienen acceso a la información, y solo los que están a favor del régimen pueden obtener datos oficiales del proyecto. Los demás son censurados o expulsados. Por lo tanto los manejos del gobierno también son responsables de la incertidumbre en torno al canal y entre tanto ocultamiento tal vez haya asuntos más nefastos. Los dos lados tienen la culpa por la mala percepción de esta obra en el mundo”.

¿Por qué cree que usted fue molesto para el gobierno de Nicaragua durante su viaje?

“La mejor manera que encuentro ahora de decirlo es en inglés: They are a bunch of thugs (son un puñado de rufianes). No era que ellos estuvieran preocupados porque yo fuera a encontrar alguna información muy confidencial. Yo no soy un espía. Yo he escrito muchos artículos críticos sobre el canal y sobre los intereses económicos de la familia Ortega en la zona de Brito. Entonces, yo creo que cuando alguien supo que yo viajaba al país, más que temor, generó una molestia, y la respuesta a ella —a pesar de mi estatus de pasaporte especial—, fue expulsarme con el pretexto de que me estaba metiendo en sus asuntos.

En cualquier caso, fue la soberbia y la falta de escrúpulos del régimen nicaragüense la que me sacó de allí”.

Desde hace años se denunció que Daniel Ortega empezó a cooptar los distintos poderes de la vulnerable democracia nicaragüense. Hace semanas la justicia de ese país sacó de la política a los diputados del principal partido opositor.

¿Cree que Nicaragua está volviendo a una dictadura dinástica similar a la de la familia Somoza?

“La naturaleza de las dictaduras de derecha e izquierda son diferentes, así los efectos de estas y las personas que las lideran sean parecidas. Con Ortega por supuesto vemos algo muy parecido a lo que es Venezuela hoy día. Nicaragua no tiene los ingresos petroleros del país sudamericano, pero ahora institucionalmente la familia Ortega controla los poderes y poco a poco estarán dominando otros aspectos de la sociedad. Los miembros de esa familia son jugadores muy astutos en sus maniobras. Si uno revisa la historia de Nicaragua, desde 2006 se puede ver que Ortega sacó provecho de las esperanzas populares para llevar a cabo cambios constitucionales que luego le dieron muchas prerrogativas. Paralelamente ha ido deshaciéndose de sus rivales políticos justo en los momentos más adversos para ellos. Así ha logrado que no haya mucho resto de oposición en el país. Entonces sí, creo que la nación va hacia una situación similar”.

Para ir finalizando, ¿se puede concluir decididamente que las obras del canal de Nicaragua no son tales como el gobierno habla?

“La obra no va adelante por ahora. Incluso en cinco años, con otro empresario chino y otra compañía, no se verá un canal. Eso será en momentos en los que el negocio de los buques de gran tamaño ya se habrá expandido mucho. Los datos apuntan a que por ahora, en primer lugar, no hay obras fuertes en el puerto de Brito para importar equipo pesado. No hay además ninguna indicación de compra de terrenos a gran escala en donde sería su ruta para la construcción. Y no vi contratos grandes para las empresas que supuestamente van a llevar el proyecto a cabo.

Esas tres cosas son requisitos básicos para comenzar y no están avanzando”.

¿Cuándo el proyecto podría empezar a marchar?

“La obra no irá hacia adelante hasta que el Partido Comunista de China no autorice a Jing ni le dé su respaldo. Si el gobierno del gigante asiático viera completamente bien este plan, ya entrarían en el juego grandes firmas como el Banco de Desarrollo de China, China Hydroelectric, China Water and Electric, entre otras, y su construcción sería de mínimo cinco años. Pero hasta que no se dé esto el progreso será lento. La controversia en torno al proyecto —por asuntos relacionados a los campesinos, indígenas y el medio ambiente— ha hecho sentir muy incómoda a la cúpula del poder en el gigante asiático. Pero si China se decidiera, el canal no sería frenado por todas las polémicas que hay en torno al mismo. A sus empresas no les importaría nada más”.